domingo, mayo 25, 2008

Yuxtaposiciones y encrucijadas en la educación chilena

No existen dudas de lo mucho que ha ocurrido en educación: las grandes inversiones en infraestructura y equidad, lo mismo respecto a planes de estudios y perfeccionamiento docente. No obstante, la Educación está en el ojo del huracán y seguramente lo seguirá estando en la medida que los enfoques que utilicemos para construir un sistema que deje más o menos satisfechos a todos, se siga construyendo bajo el principio de la suma de los intereses particulares y no, como debiera ser, bajo la premisa del bien común o al menos, que esta perspectiva prevalezca sobre las otras. Las contradicciones serán aun más agudas y no podremos dar con solución alguna, si la legislación fundamental del País, -que debe salvaguardar los intereses del Estado-Nación y el bien común como función principal del mismo- se oriente a resguardar el interés privado en un área tan sensible para cualquier proyecto nacional, en desmedro de lo que necesitamos para desarrollarnos cultural y humanamente. Como al parecer nos gusta hacer las cosas más complejas, hemos estructurado un sistema educacional -o un asistema- bajo cuerpos legales distintos. Por un lado tenemos una educación municipalizada que se rige por el derecho público que la regula respecto de lo que se debe hacer hasta en los detalles más mínimos. Si se actúa fuera de ese mandato, está sujeta a sanción administrativa. Por otra parte existe paralelamente una educación privada financiada por el Estado a través de subvenciones conocida como el sistema particular subvencionado. Ellos reciben la misma cantidad de dinero por alumno que el sistema municipalizado, pero se rigen por el principio del derecho privado, dentro del cual pueden hacer todo aquello que requieran para subsistir y desarrollarse en buenas condiciones, excepto lo que está prohibido. Este subsistema puede exigir a los padres un pago adicional aun mayor a la subvención recibida por el Estado duplicando los recursos por alumno que recibe un establecimiento municipal. Como si esto fuera poco, ambos subsistemas compiten por atraer los mismos alumnos en los mismos lugares y además, se evalúan de la misma manera, como por ejemplo en el SIMCE, en donde se les compara como si fueran iguales, cuando en realidad las condiciones son diametralmente opuestas.
Si observamos estas situaciones paradojales, no debe extrañarnos que el sistema educacional municipalizado salga tan desfavorecido respecto del privado subvencionado. Resultado de lo anterior es la gran estratificación social que muestra la educación obligatoria del País, puesto que sigue con nitidez el nivel de ingresos de los padres. Esta paradoja evidenciada del modo que se señala, no es aceptada por ningún sector político, filosófico o religioso del país. Con mucha más razón, si se mira desde la perspectiva del Estado-Nación, en tanto que amenaza su democracia y unidad en el largo plazo, en donde coexisten sectores de la población que no se encuentran y menos dialogan entre sí, con sectores habitacionales en donde es difícil ejercer el imperio de la ley y otros sectores habitacionales cada vez más enrejados en sí mismos.
Como una manera de informar a los padres para que escogieran el mejor colegio para sus hijos, se creó bajo el gobierno militar el sistema de medición PER hoy conocido como SIMCE. Durante muchos años, este sistema de medición que fue presentado o percibido como sistema de medición de calidad en educación -sin serlo- mostró resultados que reflejan con nitidez la estratificación social de la educación chilena. Este hecho llevó al ministro Sergio Bitar a decir que en su momento “la inequidad se nos metió en el sistema educacional”, lo que por cierto siempre fue así. En efecto, en la escuela o colegio se “realiza” el capital cultural que el niño trae desde su hogar. A mayor capital cultural (y mientras más parecido, sea éste al que exige la escuela o colegio), más probable es el incremento del logro escolar del niño en los instrumentos de medición, (que a su vez son construidos en la misma lógica cultural sobre la que descansa la escuela). Por lo mismo sus resultados presentados cada año nos dan cuenta de la realización del capital cultural en la escuela, más que de la calidad de la educación en términos globales.
Para mostrar verdaderamente la calidad de una escuela, el SIMCE debiera haber presentado los resultados en términos de valor agregado por establecimiento o cuando menos, la progresión o disminución de logros entre una medición u otra. Así durante años recibimos la noticia que los establecimientos municipalizados eran deficitarios, que sus profesores eran de mala calidad sin que esto, necesariamente fuera verdad. Peor aun, muchos profesores culparon a los alumnos de ser “materia prima no adecuada para el colegio”, estigmatizando a sectores importantes de la población. Muchos adolescentes de esos sectores, afortunadamente, han buscado derroteros para llegar a la educación que el Estado ha debido abrir, subsanando en parte lo anterior.
En ese contexto de estigmatización de lo público (ya que al sector privado nunca se le pide cuentas, a pesar de ser sostenido con recursos del Estado y además, porque dimos por sentado que sus puntajes eran calidad del establecimiento y no en gran medida realización del capital cultural de origen) se generó la evaluación docente.
Como fenómeno, la evaluación, es un hecho mundial único, un acto de valentía ética que pone al gremio de profesores por sobre otras profesiones. A pesar de lo anterior y al inusual potencial científico que de esa evaluación se deriva, cada vez que se dan a conocer los resultados de esa evaluación, persiste la preocupación de qué porcentaje de ellos es clasificado como insuficiente o básico. Los instrumentos de la evaluación han sido construidos sobre la base de que existen elementos esenciales comunes a toda buena docencia expresado en el Marco de la Buena Enseñanza. No obstante que lo anterior pudiera ser verdadero, este Marco de la Buena Enseñanza no da cuenta de que en la escuela, más específicamente, en la sala de clases de establecimientos de alta vulnerabilidad, no sólo ocurre la realización del escaso capital cultural que los niños pueden realizar en la escuela, sino que allí se producen choques culturales que en términos dialécticos pueden llegar a ser de tipo contradictorio antagónico que deben ser resueltos por un profesor que tampoco está preparado para ello. Así, medidos con parámetros ajenos a esa realidad, hay excelentes profesores -que realmente ayudan a sus alumnos a resolver esas contradicciones- y no obstante pueden estar siendo evaluados a la baja, cuando en realidad están haciendo un gran aporte al País, toda vez que saben captar el potencial intelectual independientemente del lugar en que se encuentre desde el punto de vista geográfico o nivel socio-económico y cultural.
Producto de lo anterior, y a pesar de las grandes inversiones y avances en medidas correctivas de apoyo al sistema público, apreciamos que éste está cada vez más disminuido en número de alumnos e imagen pública. Al revés, el sistema privado subvencionado con mayor número de alumnos, pero de igual manera estratificado socialmente, dependiendo de la posibilidad de pago de los apoderados y diseminado desde el punto de vista administrativo al punto que tenemos el riesgo de no tener 364 municipalidades con quienes negociar el mejoramiento de la educación y en su reemplazo tengamos miles de escuelas privadas subvencionados respecto a las cuales el Estado no tenga mayores potestades para influir en su desempeño pedagógico administrativo y financiero.
Desde la perspectiva de la construcción del Estado-Nación que deberá representar el bien común, el sistema educacional (incluso en su forma de financiamiento público, privado subvencionado y privado sin subvención pública) debiera contribuir a captar y educar en forma óptima el potencial intelectual que en sus distintas formas y manifestaciones contribuyen al desarrollo cultural del País, especialmente aquel que no ha sido incorporado a las elites intelectuales y permanece sólo como potencial. Desde esa misma perspectiva es importante que la escuela o colegio sea un espacio de encuentro de la diversidad cultural y socio-económica del País y evitar así que sectores importantes de la población se queden atrás y se estanquen en la maldición de cualquier tipo de pobreza. Esa diversidad permite a las instancias de poder público tener distintas perspectivas de desarrollo-país, que de no ocurrir esta oxigenación, son casi endogámicas en su reproducción cultural.
Al poner de relieve esas contradicciones no quiero en absoluto decir que lo obrado no está bien, es paradójicamente casi al revés. Hemos tomado una serie de medidas orientadas al bien común pero a la vez hay que ser conscientes que a la educación pública debe zafársela de las ataduras de una concepción de derecho público que casi no existe en los estados modernos y la limita, contradiciendo su sentido de pilar de construcción de Estado-nación. Por otra parte no puede dejarse tan libre al sector privado subvencionado. Deben ser medidos, como todo colegio, en base al valor agregado. Sus docentes también deben ser evaluados, y sus cuentas relacionadas con el aporte del Estado deben ser rendidas como principio básico de administración de los recursos públicos.
Asimismo, los sistemas de aseguramiento de la calidad deben ser más prolijos en sus bases científicas a fin que den cuenta de la eficacia y eficiencia de cada colegio en captar el recurso intelectual del País y anular los efectos de la estratificación social para no confundir el impacto de esta estratificación en los resultados de medición de la calidad de la educación.
Finalmente una percepción respecto a la discutida LGE. El “movimiento Pingüino” llamó al País a convocarse y discutir sobre la educación. Sectores que nunca se encontraron lo hicieron en el marco del Consejo Asesor Presidencial. Esa gran discusión fue llevada a un grupo menor y de pronto por la “coyuntura política” se pactó el proyecto de Ley que hoy, con razón o no, está nuevamente en discordia. Al parecer aquí se usó el principio de acción “ahora o nunca” sin que ello implicara anclar más ideas, ver más matices de una realidad que por sus avances no debiera ser contradictoria en un plano de abstracción mayor. En países de economías basadas en la producción del conocimiento y que a la vez son inicialmente más equitativas -en los que tempranamente se dieron cuenta que la estratificación social de la educación jugaba en contra de su desarrollo- ocuparon definitivamente otro principio de acción, a saber, “apurarse calmadamente” (skynda långsamt, en sueco) ¿No será eso lo que nos está pasando la cuenta y necesitemos la calma de un proyecto país tan profundo como aquel?. Si esto no lo tuvimos antes y tampoco hoy en la Cámara de Diputados ¿es posible que ocurra en el Senado de la República?