LuChA SoCiAlIsTa

UNA AGENDA PROGRESISTA PARA LA JUSTICIA, LA EQUIDAD Y LA DEMOCRACIA

Rafael Urriola U.
Editor General Primera Piedra

El Presidente de la República entregó su cuarta cuenta pública a la Nación este 21 de mayo. El ministro Secretario General F. Huenchumilla había anunciado –a propósito de los avatares de las leyes de Reforma de la Salud- que los tiempos ya no estaban para grandes reformas dejando entrever que se empezaban a poner los puntos finales a los temas que estaban en la agenda de este gobierno. Es decir, se abrió la compuerta para hacer las evaluaciones pertinentes y, especialmente, para reflexionar sobre el programa que debiera enarbolar nuestro (a) candidato (a) a las próximas presidenciales.

El Partido Socialista se limitó a felicitarse por los logros que presentó el discurso del Presidente probablemente porque la agenda municipal -llena de pequeñeces- tiene absorbida a la dirigencia partidaria dejando para mejores tiempos el debate de contenidos. Más aún, la apertura precipitada de la carrera presidencial -con fotos más o menos-, arriesga que el debate de fondo sea postergado, incluso para después de que elijamos un nuevo presidente de la Concertación ya que no faltarán los estrategas que considerarán que la mejor manera de conseguir un (a) candidato socialista a la presidencia es que sea lo menos socialista posible.

Es evidente que las grandes definiciones de la izquierda democrática mundial ya no incluyen el concepto de clase que inspiró las ideologías revolucionarias. Esto no es sólo por una transacción de principios sino especialmente porque –nos guste o no- quienes han hecho la Revolución no han sido capaces de exhibir un modelo de sociedad ni democrático ni siquiera suficientemente solidario aunque, valga reconocerlo, casi siempre más equitativo.

En este sentido, la izquierda de nuestros tiempos, a la cual pertenece el Partido Socialista de Chile y la mayoría de los partidos socialistas del mundo, está conformada por partidos reformistas y lo menos que se le puede pedir a un partido reformista es que haga reformas. Estas, por cierto, tienen que tener por norte los principios de la izquierda que se refieren a la democracia, a la equidad y a la solidaridad.

Estos principios pierden toda significación cuando sólo se transmiten en términos genéricos y desprovistos de accionar político concreto. Hay quienes creen que en el PS hay dos dimensiones. La una, que corresponde a lo que se aprueba en los congresos y otras instancias partidarias, generalmente de un claro tinte progresista y; la otra, que sublimada por el carácter pragmático del “hacer política”, tiende a retroceder sistemáticamente hasta el desdibujamiento de todo lo que se aprueba en la institucionalidad socialista. Para que esta segunda estrategia tenga éxito, ha sido necesario un partido cupular, por tanto no democrático; y mucha ambigüedad ideológica. Las consecuencias de esto es que para la población –que no tiene un pelo de tonta- termina por no entenderse las diferencias entre izquierda y derecha, se desencantan de la política (entiéndase de la Concertación incluido el PS), se abstienen los inscritos y no se inscriben los jóvenes.

El Partido Socialista podría aspirar a lograr al menos un 15% del electorado si defiende los intereses del 80% de la gente que reclama hasta el cansancio por las inseguridades intrínsecas del individualismo neoliberal: inseguridad frente a la pérdida de empleo; inseguridad para enfrentar la vejez; inseguridad ante enfermedades catastróficas; inseguridad ante los poderes fácticos sean estos grandes comercios, empresas de servicios básicos y los poderosos en general; inseguridad ante la delincuencia, etc.

Si bien el discurso socialista no elude los planteamientos generales, a la hora de tomar decisiones se estrechan o cierran las alternativas. El caso más notable es lo que ha sucedido con el royalty que en la actualidad está restringido a una proporción menor de las ventas de las empresas mineras, siempre y cuando éstas obtengan utilidades; en circunstancias que, justamente, lo que han ocultado las empresas mineras es la declaración de utilidades.

Más justicia y equidad social
El Presidente Lagos inició su discurso este 21 de mayo con una serie de enunciados. Uno de ellos era “llegamos con un Chile más libre y más justo” y la verdad es que Chile no es más justo. La distribución del ingreso ha empeorado; la concentración del poder económico es mayor que antes; la privatización de la educación hace que los jóvenes de hogares con bajos ingresos tengan menos posibilidades de resolver sus inserción en la sociedad porque hoy es necesario tener estudios universitarios para competir; la Reforma de la Salud, que obedece a principios de equidad, no podrá avanzar si no se considera, además de la eficiencia, un mayor aporte fiscal; no es tampoco justo que los horarios de trabajo en Chile se hayan alargado porque no se respetan los derechos de los trabajadores; ni puede ser justo que las empresas mineras estén ganando más de 1.200 millones de dólares adicionales y los impuestos que pagan sean mínimos. En fin, nuestras comisiones técnicas (las del PS y la Concertación) debieran precisar estas injusticias para evitar todo equívoco. Lo concreto es que una agenda progresista debiera especificar la justicia que se quiere lograr.
Asimismo, escuchamos con frecuencia defender la equidad por la redistribución de beneficios sociales a los grupos de menores ingresos. Lo concreto, es que estos subsidios destinados a los indigentes exacerban un estado de asistencialismo que no ha tenido éxito en ninguna parte del mundo para resolver las desigualdades. Más aún, si se considera las transferencias que realizan los grandes conglomerados a sus propias filiales o a intereses coligados como por ejemplo, las donaciones a universidades o establecimientos educacionales privados; las exenciones de impuestos por compra de inmuebles; la creación de “empresas de capacitación” que les permite reducir impuestos, etc. Al sumar todo esto podríamos fácilmente concluir que el Estado por la vía de la exención o de la excepción está distribuyendo regresivamente sus ingresos, es decir, los que dispone de más dinero terminan recibiendo más que los que tienen menos dinero. Un ejemplo evidente es que parte de la Reforma de la Salud se financió con un impuesto como el IVA que todo el mundo sabe que es regresivo.
La equidad es simplemente que los que más tienen aporten más a un fondo común que se destina esencialmente a los desposeídos a fin que éstos puedan mejorar sus aportes a la sociedad (esto por lo demás, es el rol que le corresponde al Estrado y que nadie ha podido sustituir). No hay razón para suponer que este fondo común pueda ser privatizado que es la lógica asistencialista y paternalista que la derecha ha querido imponer en Chile. Permítasenos no creer que los problemas de Chile se resuelven con múltiples “teletones”. El Estado tiene un rol que no ha sido reemplazado ni siquiera en los países mas liberales del mundo. En EE. UU. en que los seguros de salud son privados igual el Estado aporta alrededor de 1.900 dólares por habitante mientras que en Chile es sólo de 300 dólares.

El liberalismo tecnocrático ha insistido en la necesidad de evitar una legislación fiscal con excepciones y lo ha aplicado implacablemente por ejemplo, en lo referente a los aranceles. No obstante, en los últimos años y en la agenda de reforma del mercado de capitales se ha insistido en las excepciones que favorecen a los grandes capitales sumado a las regalías que tienen las empresas forestales y mineras. Resulta asimétrico –por usar un término elegante- que el Ministerio de Hacienda vea con malos ojos que los pensionados que gana menos de $100.000 reduzcan en 1% su aporte en las cotizaciones por salud (propuesta presentada por los senadores Ruiz Esquide y Viera Gallo) y que aún no haya ninguna propuesta de ley para eliminar las enormes garantías que tienen las actuales inversiones mineras.

Las encuestas de fortunas mundiales ya cuentan con cuatro chilenos. Esto, en un país pequeño y pobre no es digno de orgullo sino síntoma de inequidad. El Banco de Chile aparece como sponsor de una excursión al Everest que hacen sus propietarios y esto no está regulado por nadie. Chile ha perdido la ética en el accionar privado y los medios de comunicación que controlan empresarios y senadores de la derecha se han dedicado a desprestigiar al sector público. Si bien el control sobre la actividad pública es plausible no podemos aceptar un doble estándar en que todo lo privado es correcto y lo público sospechoso. En definitiva, los sistemas de regulación chilenos están muy por debajo de una sociedad que pretende alcanzar el desarrollo y todo esto aumenta la inequidad.

Por otra parte, lo democrático no es sólo acceder al derecho a voto sino hay un ámbito microsocial en que se expresa la democracia. La reivindicación más democrática es facilitar y asegurar los derechos de todos quienes quieran organizarse para defender sus derechos a fin de romper las profundas y evidentes asimetrías entre trabajadores y empresarios; entre consumidores y conglomerados; entre usuarios y proveedores; entre grandes y pequeñas empresas. Esto implica legislar acorde con estos principios, permitiendo la organización sindical sin límite de trabajadores; el reconocimiento legal de las asociaciones de consumidores; el control de las infracciones a la competencia con multas significativas para la disuasión (ya parece ridículo que el SERNAC emane un informe periódico “indicando” que las grandes tiendas no respetan la tasa de interés máxima y nada cambia). Y lo que es más significativo es que Chile debiera recuperar una reivindicación perdida: la jornada semanal de 40 horas. La mayor parte de los países desarrollados tienen jornadas de alrededor de 35 horas semanales, actualmente.

(TeXtO eTrAiDo DE PrImErA PiEdRa)